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Las y los consumidores tenemos la oportunidad de participar en la construcción de nuestro código

 

Desde hace muchos años, la legislación argentina que protege a consumidores y usuarios viene modificándose para tratar de estar a la altura del desafío que significa cuidar los derechos de las personas en las relaciones de consumo. Pero esto no es algo sencillo, por varias razones.

En primer lugar, por la enorme cantidad de situaciones que quedan comprendidas dentro de esas normas que atraviesan todas las áreas de nuestro ordenamiento jurídico. Sus contenidos se aplican tanto a los problemas que se nos presentan todos los días, como por  ejemplo las compras en el super o los servicios públicos básicos (luz, gas, agua y cloacas); pasando por otros temas que por su impacto en nuestras vidas, son centrales (salud, educación, otros servicios esenciales como el acceso a internet y a las telecomunicaciones, problemas con los bancos o con los círculos de  ahorro, etcétera); y también alcanza a otros temas que todavía no tienen solución o están regulados de manera insuficiente (delitos penales contra el patrimonio o la salud de consumidores y usuarios, la vulnerabilidad de las personas en el comercio electrónico y las relaciones digitales, la publicidad en redes, las cuestiones ambientales relacionadas con el consumo, las desventajas de quienes tienen mayor vulnerabilidad por determinadas situaciones personales o sociales, el enorme problema del sobreendeudamiento de las familias, etcétera).

En segundo lugar, tenemos que estar alertas y tener en cuenta que cada vez que se discuten modificaciones a las leyes que protegen a consumidores  y  usuarios, por ese alcance tan amplio que tienen, los distintos sectores  empresariales a los que  se les aplican, tratan de influenciar en los legisladores y en el poder político, para  escaparse de esas normas o, al menos, dejar algunos huecos a través de los  cuales puedan luego evitar los controles del Estado y también los  reclamos de la ciudadanía.

Un tercer problema es la enorme distancia que muchas veces existe entre quienes se consideran con autoridad académica o científica para plantear modificaciones legislativas, con los verdaderos problemas que enfrentamos todos y todas como consumidores y usuarios, y las dificultades que tienen las autoridades públicas, judiciales y administrativas, en todo el país para lograr que  las normas efectivamente se cumplan. Esto ha llevado a la elaboración de proyectos de ley divorciados de la realidad, elaborados a puertas cerradas por “los que saben” y discutidos sólo “entre pares” y que, además, se oponen a la autonomía y trasversalidad que inocultablemente tiene el Derecho del Consumidor, ya que lo reducen a un “microsistema” dentro del Código Civil y Comercial de la Nación sólo aplicable a los problemas del “mercado”. Ante esta situación, las asociaciones de defensa del consumidor de todo el país, ya se han manifestado (ver AQUÍ) en contra de un proyecto que intentó avanzar en el Senado (proyecto S-2576/19), y que ante las críticas recibidas se presentó con algunas modificaciones en el texto y con otro nombre (en lugar de “ley” ahora se denomina, con el mismo contenido, como “código”) en la Cámara de Diputados (proyecto 3143-D-2020).

Para evitar esa visión parcial de los problemas y desafíos que enfrentamos consumidores y usuarios en la sociedad de consumo del siglo XXI, desde el año pasado se viene trabajando en la Cámara de Diputados de la Nación en el desarrollo de un proyecto de ley en el que, como primer y fundamental objetivo, se parte de un diagnóstico certero de la realidad de la materia a lo largo y a lo ancho del país, generándose espacios de participación para escuchar a todas las voces involucradas en este enorme desafío.

Ahora se suma a ese proceso una nueva herramienta participativa que consiste en una web con las consignas básicas del proyecto y cuatro formularios digitales divididos en las grandes áreas temáticas que comprenderán los contenidos del proyecto de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación (CPCUN) en elaboración. Allí, las y los interesados encontrarán una serie de consignas orientativas (que pueden ser respondidas total o parcialmente, o agregar libremente otros contenidos) de forma tal que cualquier ciudadano podrá realizar aportes y ser protagonista de la construcción de una norma que verdaderamente esté a la altura de los retos que hoy enfrentamos consumidores y usuarios.

Para acceder a la web y participar, te invitamos a ingresar  AQUÍ .

 

 

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