Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, abajo firmantes:

Acompañamos y celebramos la denuncia que  expone ante la Justicia las responsabilidades de los funcionarios denunciados, en la larga sucesión de hechos  cometidos  por quienes desde la más alta responsabilidad y en nombre del Estado nacional planificaron e implementaron durante 4 años un sistema normativo que benefició a las empresas energéticas , perjudicando a la totalidad de los usuarios del servicio  con un incremento tarifario que alcanzó al 2500% en cuatro años de su gestión.

La investigación se produce en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 27.541 y el Decreto 278/2020, del Poder Ejecutivo nacional, por el cual se decidió  la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas, ordenándole al Interventor la realización de una auditoria y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la Ley 27.541, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponde adoptar, por lo que el Interventor Federico Bernal, en base a ello,  ha presentado una denuncia penal contra el ex Ministro de Energía  y Minería, Juan José Aranguren, Marcos Porteau, Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos y a ex directivos del ENARGAS, por el supuesto de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

En la denuncia se pone en conocimiento de la Justicia como, con la iniciativa del por entonces Ministro Aranguren y la connivencia  del resto de los denunciados, se aumentó artificialmente el precio de gas en dólares para beneficiar a las empresas energéticas, a partir del acuerdo realizado en noviembre de 2017, por el cual se pactó por el término de 2 años un sendero de precios fijado en dólares, violando la Ley 24.076,  Marco Regulatorio del Gas Natural . Esa medida por efecto de las sucesivas devaluaciones realizadas por las autoridades nacionales, produjo el endeudamiento de las distribuidoras con las productoras y como solución a la distorsión producida por la dolarización, el Ministerio de Energía propuso mediante la Resolución N° 20/2018, que esa deuda fuera pagada por los usuarios. Ante el rechazo generalizado de la sociedad se anuló la medida pero, luego se decidió mediante el artículo 7 del Decreto 1053/2018, que fuera el Estado nacional o sea todos los argentinos, quien se hiciera cargo de la misma.

Ambas situaciones fueron oportunamente repudiadas por las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, que firmamos la presente, rechazando en primer término la pretensión de que fuéramos los usuarios del servicio quienes pagásemos esa deuda y posteriormente pidiendo la derogación del artículo 7 del Decreto 1053/2018 , que implica que todos los argentinos, a través del Estado, paguemos una deuda de 24.500 millones de pesos.

Apoyamos la denuncia y esperamos que la Justicia se expida evitando la erogación que no corresponde abonar al Estado nacional , así como también se proceda a investigar las acciones denunciadas por el ENARGAS, realizadas por los ex funcionarios del Ministerio de Energía y del ENARGAS  y a aplicar las sanciones legales que le correspondieren a los implicados.

ACUC

ADECSE

ADDUC

ADUC

CESYAC 

CONSUMIDORES ARGENTINOS 

CONSUMIDORES LIBRES 

DEUCO 

DCU

FEMUDECO 

JUSTICIA COLECTIVA

LIDECO 

PROTECTORA ADC

UNADEC

UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES 

USUARIOS Y CONSUMIDORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS