¿Otra vez los consumidores pagando seguros para cubrir el riesgo de los bancos?
Hace pocos días circularon por distintos medios de comunicación, distintas notas sobre la supuesta intención del Gobierno Nacional, de generar un seguro para cubrir el riesgo de los préstamos en UVA, en el caso de una dispersión muy grande entre la tasa de inflación y los salarios.
Los préstamos UVA y su diferencia con los UVI los estudiamos aquí . Hay dos factores a tener en cuenta con este problema: los dos tipos de préstamos son diferentes, y los bancos están comercializando únicamente los que más les convienen a ellos (y no los que aseguran de mejor manera a los consumidores).
Centralmente, la gran diferencia es que la opción generada por la ley 27.271 (sistema UVIS), al permitir el estiramiento indeterminado del plazo de repago (los préstamos UVAS no permiten un estiramiento indefinido y esto puede ser un grave problema en el largo plazo), y al atar estas cuotas extras al ingreso familiar, permiten asegurarle al consumidor la posibilidad de continuar con el pago de su deuda, y al ahorrista el pago (aunque con alguna demora). Justamente, por esto es que los bancos optaron por seguir comercializando préstamos en UVA.
Pero esto no es lo único, si bien las notas no aclaran demasiado, es fácil prever que este seguro tendrá dos características: será obligatorio y pagado por los consumidores.
Este es usualmente el mejor negocio de las empresas de seguros, ya que al poseer un fuerte lobby, pueden gestionar ante las diferentes instancias estatales, la generación de seguros obligatorios, y acordar con los bancos que «opciones» ofrecer a los consumidores. En caso de que el plan oficial fuera una opción libre de los consumidores, no sería necesaria una reforma legal, sino que sería una alternativa totalmente posible dentro del marco normativo actual. El problema es que las empresas de seguros deberían hacer un fuerte trabajo de divulgación, advirtiendo a la población de los grandes riesgos a mediano y largo plazo de la operatoria, situación poco amigable para los bancos (que fomentan fuertemente esta operatoria) y para el propio gobierno que cuenta con esta como casi la única política de acceso a la vivienda (las aseguradoras deberían advertir sobre la inseguridad económica, la dificultad de controlar la inflación etc., los factores que podrían alterar la ecuación de la operación crediticia a futuro).
Obviamente, la otra pata de esta idea es la derivación a la parte débil, de los costos de este seguro. Los seguros asociados a las operatorias bancarias fueron eliminados por el banco central a fines del 2016 (en estas notas hablamos algo de el tema, aquí y aquí). Este cambio no fue una concesión graciosa del BCRA, sino que se debe a que hace más de una década que las distintas asociaciones de defensa del consumidor han tramitado acciones colectivas contra estos seguros, principalmente por comercializarse a un precio mucho mayor al de la operatoria libre de los mismos seguros. Esta situación se sigue dando, lamentablemente en los seguros sobre los automotores comercializados en el sistema de circulo de ahorro previo. Pero, además del abuso que implica pagar mucho más de lo que salen los seguros, se plantea otra duda básica: ¿por qué pagarían los consumidores por asegurar la operación bancaria? El consumidor, de hecho, ya está pagando por el riesgo de la operación mensualmente, por medio de la tasa de interés que paga con su préstamo. Y eventualmente, si quisiera evitarse el posible riesgo de no poder afrontar los pagos, podría por su cuenta tomar las medidas que considere adecuado. Al establecer un seguro obligatorio, está asegurando al banco de que va a cobrar siempre, situación que debería implicar (suponiendo que esto fuera aceptable) una disminución enorme de la tasa de interés. Obviamente de esto no habla la información difundida.
En pocas palabras, si la propuesta es ofrecer seguros a los consumidores, voluntarios y por separado al préstamo, podría ser una opción válida, aunque no requiere una ley al efecto.
Quedará ver el texto fino de la propuesta para cuando sea presentada legislativamente, y estar atentos para evitar volver otra vez (ahora por medio de una ley del congreso) a los seguros pagados por los consumidores, para beneficiar a las empresas.
Compartimos una de las notas que circularon en estos días, en este caso de La Nación en esta dirección
Cómo funcionará el seguro que prepara el Gobierno para los créditos UVA
El boom de los créditos hipotecarios nominados en UVAs se apoya en el atractivo imbatible de asimilar la cuota a la de un alquiler, por eso superó los 65.000 millones de pesos en 2017 y promete romper ese récord este año. Pero tiene un signo de interrogación que pesa sobre cada uno de los tomadores de deuda en unidades indexadas por inflación: ¿qué pasa si la inflación se descontrola?
Si bien el Gobierno repite que en los últimos 30 años el aumento de los precios se alejó más del 20% de la suba de salarios sólo en 2001, prepara un sistema de seguros que conformaría un fondo para atender una eventual crisis del sistema como la de aquel año, que nadie puede asegurar hoy que no se repita en un plazo tan largo como el que tienen los créditos para la vivienda.
El plan, que hoy está en plena discusión con los bancos y con legisladores de la oposición -porque debería pasar por el Congreso-, consiste en que cada uno de los tomadores de créditos hipotecarios UVA pague un seguro equivalente al 3% de la prima o cuota a pagar.
Ese seguro le daría al deudor una cobertura en el caso de que la variación de la inflación superara en más de un 20% la suba de los salarios medida a través del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Fuente: Archivo
La idea es que el aporte del 3% de cada uno de los tomadores vaya conformando un fondo que administraría el Estado en conjunto con los bancos y que respondería por todos los créditos en una situación de crisis sistémica, explicó una alta fuente del Gobierno a LA NACION.
¿Y si la diferencia entre aumento de la cuota y aumento de los sueldos es menor al 20%?
El plan del Gobierno es que mientras que esas dos variables no evolucionen con una diferencia superior al 10%, el ajuste lo tenga que enfrentar el tomador del crédito. Pero si el descalce entre las dos variables es de entre el 10 y el 20%, la compensación quedaría a cargo de los bancos.
La propuesta tiene como actor central al Gobierno, porque el 30% de los créditos hipotecarios que se dieron el año pasado pertenecen a la línea Pro.Cre.Ar y la expectativa de la Secretaría de Vivienda es mantener esa tasa de participación este año.
Pero para mantener ese ritmo de crecimiento es necesario contar con una liquidez en los bancos que hoy no existe y que requeriría que se puedan securitizar los créditos nominados en UVA. Se trata de que un banco que tiene una cartera ya otorgada de hipotecarios los coloque a través del sistema financiero en inversores que pagarán el valor de esos créditos pendientes de cobrar, con un descuento. Así, el banco emisor de los préstamos vuelve a hacerse de fondos y puede volver a dar un nuevo crédito.
El problema es que los inversores son más exigentes que los tomadores de crédito. Así como los deudores -sin otra alternativa para la casa propia- adoptaron masivamente las hipotecas indexadas por inflación, los acreedores exigen para comprar esos créditos en forma de títulos algún nivel de cobertura ante el riesgo de una crisis sistémica.
Por eso el Congreso tendrá un rol central en la concreción de este plan. La posibilidad de que se concrete este modelo está incluída dentro de la Ley de Mercado de Capitales que presentó el Gobierno en el Congreso y que pretende que se apruebe este año.
La oposición ya tomó nota del asunto y el legislador Marco Lavagna prepara su propio proyecto de cobertura. La idea del legislador massista es que se destine un monto de las reservas que tiene el Banco Central a conformar un fondo que funcione como respaldo ante un impago masivo de los créditos UVA.
De la posibilidad de que se puedan securitizar los créditos dependerá que el fenómeno de los hipotecarios siga vigente.