¿QUÉ ES LO QUE QUEREMOS DE LAS ACCIONES COLECTIVAS?

De donde venimos. A donde vamos.

Las acciones colectivas son uno de los principales mecanismos de democratización de la toma de decisiones de nuestra sociedad. Vienen a dar una respuesta a los problemas más comunes y repetitivos que nos encontramos en el día a día, y a permitir dar soluciones de fondo a problemas que se dan por la forma en que se resuelven conflictos o se distribuyen derechos de todo tipo, tanto por el estado como por los particulares. Son la llave que permite a la sociedad modificar su realidad de forma directa (a diferencia de los mecanismos tradicionales de participación por medio de representantes). En pocas palabras, dan un poder directo a los sujetos (individualmente, en grupo o por medio de sus asociaciones), para defenderse institucionalmente contra las decisiones de los más fuertes (tanto del estado, como de los grandes poderes económicos).

Este nuevo mecanismo, no solo abre la oportunidad directa de modificar la realidad a muchísimos actores, si no que deja en manos del poder judicial un poder enorme: el de modificar masivamente la distribución de derechos y obligaciones. Vienen estas acciones a re dibujar el esquema de poder en nuestra sociedad. Y nuestra constitución las adoptó plenamente en su reforma de 1994, por medio del artículo 43.

Desde la consolidación del estado moderno, el poder de generar modificaciones generales en la sociedad, estuvo en manos del estado (en algunos casos también en otros actores, como las instituciones religiosas). Esto implicó disminuir el poder de otros actores, como los gremios o la nobleza. La concentración del poder en manos del estado, fue cambiando a medida que avanzó la sociedad de masas. Junto con el fortalecimiento de las personas jurídicas (instituciones que permitieron la acumulación y perpetuación de grandes riquezas), y la flexibilidad a la hora de generar obligaciones por medio de mecanismos contractuales desregulados, este poder de afectar a gran parte de la sociedad, fue cayendo también en manos de las grandes empresas. El rol de la empresa en esta historia de distribución del poder es clave, y va de la mano de la libertad contractual: sin la posibilidad de obligar a los particulares de manera libre y directa (recordemos que en la inmensa mayoría de los casos, las empresas no tienen un control previo de sus contratos -usualmente ni siquiera posterior-), las empresas no tendrían este poder, si no quien eventualmente las controlara. En la práctica, las consecuencias de esta concentración de poder la podemos ver, tanto cuando el estado cambia o crea una ley (alcanzando a todos), como cuando una empresa decide cambiar un servicio o aumentarlo (afectando a decenas de millones de consumidores). Ante esta concentración de poder, el particular sólo podía discutir su situación, y eventualmente el poder judicial ampararlo. La balanza no se movía cuando había una excepción a la regla impuesta por los fuertes. Las acciones colectivas vienen a cambiar esto: ahora un sujeto individual puede luchar y cambiar la situación para todos los que están en la misma situación que el. La balanza se mueve fuertemente si el poder judicial lo ampara.

Lamentablemente, como es de esperar cuando se redistribuye el poder (y en tan gran escala), aparecen frenos y trabas de todo tipo. A la fecha, si bien las acciones colectivas fueron incluidas en la reforma constitucional de 1994, su regulación ha sido fragmentaria y muy limitada (hay excepciones, usualmente en las provincias -en nuestra página tenemos una sección con las leyes provinciales sobre el tema- y en algunas materias específicas como la defensa de los consumidores que regulan lo básico de estos procesos). Han pasado 14 años desde la reforma constitucional y seguimos sin una norma nacional o federal que regule integralmente la materia, y ni siquiera nos referimos a una ley para todas las materias, si no tan siquiera a una ley que permita tramitar con todas sus características estos procesos. Ni las normas más avanzadas en la materia a nivel nacional están cerca de esto (por ejemplo las contenidas en la ley de defensa del consumidor), quedando afuera una enorme cantidad de institutos que siguen sin regulación y quedan expuestos a lo que en cada caso se resuelva, demorando los procesos, generando incertidumbre y una notoria diferencia en las resoluciones según el juez -o fuero incluso- a cargo de la causa.

Aun así, los procesos colectivos han avanzado por el empuje de las organizaciones de la sociedad civil y de los jueces con compromiso por la protección de los grupos más desventajados. Esto ha permitido cada vez más, la consolidación de una fuerte jurisprudencia para resolver los problemas más comunes (e incluso la generación de acordadas para intentar regular los puntos básicos necesarios para un correcto orden de los procesos, y debido a la falta de avance en materia legislativa), así como una gran experiencia en la problemática y el nacimiento de cada vez más asociaciones dispuestas a luchar por lograr cambios efectivos en las materias por las que luchan.

Gracias a estos procesos, ha habido enormes avances en la protección de los consumidores (que hubieran sido imposibles en un proceso individual), en la protección del medio ambiente, en la lucha contra la discriminación e incluso en materia penal o de salud mental. Todavía falta progresar en la protección de los derechos de los trabajadores y en muchas otras materias, pero la experiencia consolidada ha dado a la fecha un gran pie para consolidar lo logrado y conseguir una normativa que nos permita mejorar y avanzar en la protección.

 

Qué queremos

Si queremos lograr un efectivo acceso a la justicia, evitar arbitrariedades, demoras injustificadas, y la repetición de discusiones innecesarias, necesitamos tener una ley nacional y federal, y todas las leyes provinciales necesarias, para poder discutir los derechos de una manera colectiva.

En este sentido, los que formamos parte de Justicia Colectiva, venimos trabajando hace varios años intentando dar a luz distintas leyes que logren estos objetivos. En este camino, participamos junto a varios especialistas en la materia, de la redacción del proyecto de ley E-260-2016/2017 para generar en la Provincia de Buenos Aires el «Proceso Colectivo de Consumo» (disponibles aquí), en el proyecto de ley 3147-D-16/17 (disponible aquí) para regular uno de los tantos aspectos ausentes hasta la fecha en estos procesos: un Fondo Público para la Reparación y Fomento de los derechos Colectivos de los Consumidores. A fines del 2016, junto con otros especialistas también de la ciudad de La Plata, encaramos la tarea de sentar las bases mínimas que debía tener una futura ley de procesos colectivos para resolver todos los problemas que la práctica en Argentina ha demostrado. Ese trabajo dio fruto al documento de «Propuesta de bases para la discusión de un proyecto de ley que regule los procesos colectivos» (disponible aquí), que buscó identificar los problemas a resolver, y las posibles soluciones y consecuencias de cada una de ellas.

El trabajo de estos años nos ha llevado a volcar las conclusiones y la experiencia adquirida en el proyecto que trabajamos con el Diputado José Luis Ramón (diputado por la provincia de Mendoza que viene de años de trabajo en la asociación de defensa del consumidor Protectora). El proyecto 3599-D-2018 de «Ley Nacional de Acceso a la Justicia Colectiva de Consumidores, Trabajadores, el Medioambiente y los derechos de incidencia colectiva en general» (disponible aquí) busca dar una respuesta íntegra que permita tramitar estos procesos, dando una solución definitiva a los conflictos y respetando las características de cada derecho de fondo, resguardando la experiencia adquirida y las normas provinciales dictadas, sin dejar de dar una respuesta a los particulares conflictos que nacen de procesos interjurisdiccionales que exceden el territorio de cada provincia.

El proyecto de ley que permite que todos los actores sociales puedan lograr un cambio positivo y abrir una discusión sobre la realidad (los Defensores del Pueblo, el Ministerio Público, los Sindicatos, las ONG de defensa del consumidor, el medio ambiente y de derechos humanos, y los ciudadanos en general).

Se buscar mantener igualmente vigorosos los procesos de participación social que se encauzan en una acción colectiva, sin poner trabas por falta de recursos económicos (siempre los débiles tienen menos que los fuertes), y respetando todas las conquistas que se dieron con los años en las distintas luchas sociales (beneficios de todo tipo que obtuvieron los trabajadores, los jubilados, los consumidores).

Las provincias son actores centrales en estas discusiones, y hace años vienen dando espacio a estas discusiones. Por eso, no las dejamos de lado y abrimos el juego para que los ciudadanos de todo el país y las instituciones que los defienden puedan dar la pelea en sus propios tribunales, y no que todo pase en la Ciudad de Buenos Aires y en el poder judicial del estado nacional. No podemos dejar que una ley que viene a ayudar a democratizar el país, pase por arriba de la constitución y aleje la justicia de la gente.

Buscamos que los juicios sean transparentes fomentando la participación social y la verdadera difusión de qué pasa, quienes participan y por qué luchan. Pero no descuidamos la necesidad de proteger a los que se busca defender, por parte de quienes se presentan en los tribunales para defenderlos.

Queremos que las discusiones se den una vez en nuestra sociedad, y que la respuesta le llegue a todos. No podemos tener más, situaciones donde todos tengan que ir una y otra vez a la justicia para pedir lo mismo que ya se resolvió miles de veces. Esta repetición la paga la gente en sueño, y el estado en gastos. La propuesta busca que los casos se resuelvan en conjunto y permite a los jueces que, si ven que un problema se da constantemente, decidan directamente resolverlo para todos los casos y sin demoras. En una sociedad de masas, donde los problemas se dan por decisiones que afectan por igual a millones, la solución individual debe ser la excepción y no la regla.

Por estos motivos, venimos a proponer cumplir con una deuda de nuestro país, dar una herramienta de justicia para todos los argentinos, y concretar un camino de discusión amplio y transparente para nuestros problemas centrales.

 

En las próximas publicaciones iremos tratando distintos aspectos del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, para conocer cómo se reflejan en concreto cada una de las líneas principales y qué respuestas se proponen.